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(Cdigo Civil Art. 679)

 

Es abierto el testamento siempre que el testador manifiesta su ltima voluntad en presencia de las personas que deben autorizar el acto, quedando enteradas de lo que en l se dispone.

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Palabra de Ley :: Noticias :: Publicada Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigació

autor.: cejuanjo

Remitido el 06-10-15 a las 10:28:29 :: 1028 lecturas


PREMBULO



I



La propuesta de Cdigo Procesal Penal presentada por la Comisin Institucional para la elaboracin de un texto articulado de Ley de Enjuiciamiento Criminal, constituida por Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 2012, actualmente sometida a informacin pblica y debate, plantea un cambio radical del sistema de justicia penal cuya implantacin requiere un amplio consenso. En tanto dicho debate se mantiene, en la confianza de encontrar el mximo concierto posible sobre el nuevo modelo procesal penal, resulta preciso afrontar de inmediato ciertas cuestiones que no pueden aguardar a ser resueltas con la promulgacin del nuevo texto normativo que sustituya a la ms que centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal.



Entre dichas cuestiones se encuentran el fortalecimiento de los derechos procesales de conformidad con las exigencias del Derecho de la Unin Europea y la regulacin de las medidas de investigacin tecnolgica en el mbito de los derechos a la intimidad, al secreto de las comunicaciones y a la proteccin de datos personales garantizados por la Constitucin.



II



Al regular estas materias, esta ley incide directamente en los artculos 18 y 24 de la Constitucin Espaola, ya que introduce cambios jurdicos, sustantivos y procesales, que afectan al mbito propio de la ley orgnica, en cuanto que desarrolla derechos fundamentales y libertades pblicas recogidos en este precepto constitucional.



A lo largo de todos estos aos no ha existido un criterio comn que sirviese de fundamento para determinar qu contenidos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal deban estar sujetos a la reserva de ley orgnica, diferencindolos de aquellos otros cuya regulacin deba llevarse a cabo mediante ley ordinaria. En muchas ocasiones, preceptos procedimentales fueron elevados de rango: unas veces en aplicacin de lo que el Tribunal Constitucional ha denominado materias conexas, es decir, aquellas que en atencin a razones de conexin temtica o de sistematicidad o de buena poltica legislativa considere oportuno incluir junto a las materias reservadas a la ley orgnica (STC 5/1981); en otras, por afectar a leyes que especficamente han de tener naturaleza orgnica, como lo es el caso de la Ley Orgnica del Poder Judicial o el Cdigo Penal.



A mayor abundamiento, no puede desconocerse que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el desarrollo legal de algunos derechos fundamentales y la delimitacin de su contenido esencial ha sufrido variaciones a lo largo de todos estos aos con inevitable incidencia en aquellas regulaciones que, por sus contenidos, deben incluirse en la reserva del artculo 81.1 de la Constitucin.



La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ahora se impulsa comprende medidas que desarrollan derechos fundamentales y otras de naturaleza estrictamente procesal. Dado que las segundas no constituyen en puridad un complemento necesario de las materias orgnicas, se considera preferible su tramitacin a travs de normas independientes de distinto rango.



Por todo ello, se ha optado porque la iniciativa legislativa que se centra en previsiones de naturaleza orgnica, como las que ocupan esta ley (reforzamiento de los derechos procesales de los encausados y de los detenidos o presos, y regulacin de las medidas de investigacin limitativas del artculo 18 de la Constitucin), se regulen en una norma ad hoc de rango orgnico.



III



Resulta necesario transponer en el ordenamiento interno la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detencin europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privacin de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privacin de libertad. Para ello se modifican los artculos 118, 509, 520 y 527 y se introduce un nuevo artculo 520 ter en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la introduccin de las previsiones que el Derecho de la Unin Europea requiere, entre las que destaca el rgimen de asistencia de abogado al detenido.



El derecho a la asistencia letrada en los procesos penales, el derecho a que se informe de la privacin de libertad a un tercero y el derecho a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privacin de libertad se fundamentan en lo dispuesto en los artculos 3, 5, 6 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, segn la interpretacin efectuada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las modificaciones introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal facilitarn la aplicacin de estos derechos, garantizando aspectos fundamentales de la defensa en el proceso penal.



Por esta razn, se modifica el actual artculo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se regula el derecho de defensa, reconocindose de forma clara y precisa que toda persona a la que se atribuya la comisin de un acto punible, podr ejercitar su derecho de defensa, sin ms limitaciones que las previstas en la ley, fijndose como marco temporal para el ejercicio de este derecho desde la atribucin del hecho punible investigado hasta la misma extincin de la pena. Es contenido esencial del derecho de defensa la asistencia de un abogado de libre designacin o, en su defecto, de un abogado de oficio, con el que podr comunicarse y entrevistarse reservadamente en cualquier momento desde que se le atribuya la realizacin de un hecho punible y que estar presente en todas sus declaraciones y en cuantas diligencias de reconocimiento, careo o reconstruccin de hecho se practiquen.



Especial mencin requiere la cuestin relativa al reconocimiento de la confidencialidad de las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado, que podr ser limitada cuando concurran determinadas circunstancias, como la presencia de indicios objetivos de la participacin del abogado en el hecho delictivo investigado.



Todos los derechos del investigado o encausado se facilitarn en lenguaje comprensible y adaptado a las circunstancias personales del destinatario, teniendo en cuenta la edad, grado de madurez o discapacidad.



Cuando se trata de personas que han sido detenidas o privadas de libertad, estos derechos se recogen en el artculo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se adapta de forma rigurosa a las exigencias de la normativa europea, haciendo mencin expresa, entre otros, al derecho del detenido a designar abogado con el que podr entrevistarse reservadamente, incluso antes de que se le reciba declaracin por la polica, el fiscal o la autoridad judicial. En caso de que, debido a la lejana geogrfica, no sea posible la inmediata asistencia de letrado, se facilitar al detenido comunicacin telefnica o por videoconferencia con aqul, salvo que dicha comunicacin sea imposible. Tambin se regula el derecho a poner en conocimiento de un familiar su privacin de libertad, el derecho a comunicarse telefnicamente con un tercero de su eleccin y el derecho a comunicarse con las autoridades consulares, en caso de detenidos o presos extranjeros.



En este precepto, a fin de completar el estatuto del investigado detenido, se establece la obligacin de que el atestado policial refleje el lugar y hora de la detencin y de la puesta a disposicin judicial o en libertad. Con la finalidad de asegurar los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen del detenido, siguiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que exige que la detencin sea respetuosa con la dignidad humana y que no constituya un gravamen mayor que el que de por s implica la propia detencin, se ha llevado al texto legal la obligacin de que quienes la acuerden, as como los encargados de practicarla, velen por esos derechos, como de hecho ya recordaban Instrucciones de la Fiscala General del Estado y del Ministerio del Interior. Dicha proteccin no puede perder de vista, sin embargo, el respeto al derecho fundamental a la informacin, en los trminos establecidos en el artculo 20 de la Constitucin y segn la doctrina del Tribunal Constitucional, como manifestacin del Estado de Derecho.



La denominada prisin incomunicada tambin ha sido objeto de revisin en la presente reforma, al objeto de adecuarla a las exigencias del Derecho de la Unin Europea. La nueva regulacin del artculo 527 permite aplicar esta modalidad de detencin cuando concurran los presupuestos legalmente previstos de acuerdo con la nueva redaccin dada al artculo 509. Adems, se faculta al juez para limitar algunos derechos segn las necesidades de cada caso, sin que esta restriccin opere automtica e indiferenciadamente respecto de todos, y por el tiempo estrictamente imprescindible.



En relacin a los menores, se comunicar el hecho y el lugar de custodia lo antes posible a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho de aquellos, y sern puestos a disposicin de las Secciones de Menores de la Fiscala. En caso de existir un conflicto de intereses entre los menores y aquellos que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda de hecho, se le nombrar un defensor judicial al que le ser suministrada aquella informacin.



En el caso de las personas con la capacidad modificada judicialmente, se informar a quienes ejerzan la tutela o guarda de hecho de aquellas, y se dar cuenta de ello al Ministerio Fiscal.



Por ltimo, se introduce una regla especfica para las detenciones en espacios marinos alejados del territorio espaol, dando respuesta a las situaciones que venan producindose ante la falta de previsin legal para estos supuestos.



IV



La Ley de Enjuiciamiento Criminal no ha podido sustraerse al paso del tiempo. Renovadas formas de delincuencia ligadas al uso de las nuevas tecnologas han puesto de manifiesto la insuficiencia de un cuadro normativo concebido para tiempos bien distintos. Los flujos de informacin generados por los sistemas de comunicacin telemtica advierten de las posibilidades que se hallan al alcance del delincuente, pero tambin proporcionan poderosas herramientas de investigacin a los poderes pblicos. Surge as la necesidad de encontrar un delicado equilibrio entre la capacidad del Estado para hacer frente a una fenomenologa criminal de nuevo cuo y el espacio de exclusin que nuestro sistema constitucional garantiza a cada ciudadano frente a terceros. Por muy meritorio que haya sido el esfuerzo de jueces y tribunales para definir los lmites del Estado en la investigacin del delito, el abandono a la creacin jurisprudencial de lo que ha de ser objeto de regulacin legislativa ha propiciado un dficit en la calidad democrtica de nuestro sistema procesal, carencia que tanto la dogmtica como instancias supranacionales han recordado. Recientemente, el Tribunal Constitucional ha apuntado el carcter inaplazable de una regulacin que aborde las intromisiones en la privacidad del investigado en un proceso penal. Hoy por hoy, carecen de cobertura y su subsanacin no puede obtenerse acudiendo a un voluntarista expediente de integracin analgica que desborda los lmites de lo constitucionalmente aceptable. Solo as se podr evitar la incidencia negativa que el actual estado de cosas est proyectando en relacin con algunos de los derechos constitucionales que pueden ser objeto de limitacin en el proceso penal.



La detencin y apertura de la correspondencia escrita y telegrfica se actualiza en un nuevo artculo 579, donde se acota su mbito material de aplicacin, al tiempo que se regulan los plazos mximos de duracin y las excepciones a la necesidad de autorizacin judicial de acuerdo con una consolidada doctrina jurisprudencial. En particular y en cuanto al primero de los aspectos destacados, la reforma opta, frente a otros modelos comparados que acogen una enumeracin casustica de los delitos que autorizan este medio de investigacin, por exigir la concurrencia, no cumulativa, de cualquiera de los tres requisitos que se definen en el apartado 1 de este artculo y servirn de referencia para fijar el mbito de aplicacin de otras medidas de investigacin. El primero de ellos opera como una limitacin genrica, de carcter cuantitativo, ligada a la gravedad de la pena: delitos dolosos castigados con pena con lmite mximo superior a los tres aos de prisin. Junto a este presupuesto se aaden otros dos: que se est en presencia de delitos cometidos en el seno de un grupo u organizacin criminal, o que se trate de delitos de terrorismo. Se introduce un nuevo artculo 579 bis relativo a la utilizacin del resultado de esta diligencia en otro proceso penal distinto, en particular en cuanto al tratamiento de los denominados hallazgos casuales y a la continuacin de la medida, en aquel otro proceso, para lo que se requerir un nuevo auto judicial que convalide esta situacin. Esta previsin servir de pauta para el resto de medidas de investigacin tecnolgica.



Las dems medidas de investigacin tecnolgica son objeto de atencin en los Captulos V a VII del Ttulo VIII del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y a todas ellas resultan de aplicacin las disposiciones comunes introducidas en el Captulo IV. Se ha reordenado la sistemtica tradicional de ese ttulo con el fin de dar cabida a la inaplazable regulacin de esta materia. Se aprovecha as un esquema formal histrico que, pese a los problemas prcticos derivados de su obsolescencia, cuenta con la ventaja de haber sido objeto de frecuente atencin por parte de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.



Se ha estimado oportuna la proclamacin normativa de los principios que el Tribunal Constitucional ha definido como determinantes de la validez del acto de injerencia. Toda medida deber responder al principio de especialidad. Ello exige que la actuacin de que se trate tenga por objeto el esclarecimiento de un hecho punible concreto, prohibindose pues las medidas de investigacin tecnolgica de naturaleza prospectiva, de acuerdo con el concepto que informa la doctrina emanada del mximo intrprete de la Constitucin, por todas la sentencia 253/2006, de 11 de septiembre. Las medidas de investigacin tecnolgica deben adems satisfacer los principios de idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad, cuya concurrencia debe encontrarse suficientemente justificada en la resolucin judicial habilitadora, donde el juez determinar la naturaleza y extensin de la medida en relacin con la investigacin concreta y con los resultados esperados.



La reforma ha considerado adecuado no abandonar los aspectos formales de la solicitud y del contenido de la resolucin judicial habilitante. La prctica forense no es ajena a casos de solicitudes policiales y de ulteriores resoluciones judiciales que adolecen de un laconismo argumental susceptible de vulnerar el deber constitucional de motivacin. A evitar ese efecto se orienta la minuciosa regulacin del contenido de esa solicitud, as como de la resolucin judicial que, en su caso, habilite la medida de injerencia. Las disposiciones comunes se extienden igualmente a las dems cuestiones de forma, tales como la solicitud de prrroga, las reglas generales de duracin, el secreto, el control de la medida, la afectacin a terceras personas, la utilizacin de informacin en procedimiento distinto, el cese de la medida o la destruccin de registros. Cada diligencia modular algunos de estos aspectos y se regir por reglas especficas propias de su propia particularidad.



En relacin con la interceptacin de las comunicaciones telefnicas y telemticas, en la determinacin del mbito material de aplicacin, se sigue el mismo criterio ya evidenciado ms arriba por remisin, aunque se suman a la lista de delitos los cometidos por medio de instrumentos informticos o de cualquier otra tecnologa de la informacin o la telecomunicacin.



En la nueva regulacin se confiere sustantividad propia a otras formas de comunicacin telemtica que han carecido de tratamiento normativo en la ley procesal. Las dificultades asociadas a ese vaco se han visto multiplicadas en la prctica por una interpretacin jurisprudencial de la legislacin llamada a reglar la obligacin de las operadoras de conservar los datos generados por las comunicaciones electrnicas, que ha degradado los muy extendidos instrumentos de comunicacin telemtica por ejemplo, los mensajes de SMS o el correo electrnico a la condicin de aspectos accesorios, de obligado sacrificio siempre que se adopte una decisin jurisdiccional de intervencin telefnica. Frente a esta concepcin, el nuevo texto autoriza la intervencin y registro de las comunicaciones de cualquier clase que se realicen a travs del telfono o de cualquier otro medio o sistema de comunicacin telemtica, lgica o virtual. Pero somete la interceptacin de todas ellas en su propia y diferenciada instrumentalidad a los principios generales que el texto proclama. Se pretende con ello que sea el propio juez, ponderando la gravedad del hecho que est siendo objeto de investigacin, el que determine el alcance de la injerencia del Estado en las comunicaciones particulares. La resolucin habilitante, por tanto, deber precisar el mbito objetivo y subjetivo de la medida. Es decir, tendr que motivar, a la luz de aquellos principios, si el sacrificio de las comunicaciones telefnicas no es suficiente y si la investigacin exige, adems, la interceptacin de los SMS, MMS o cualquier otra forma de comunicacin telemtica de carcter bidireccional.



Se establece un plazo de tres meses como duracin mxima inicial de la intervencin, plazo que es susceptible de ampliacin y prrroga, previa peticin razonada por perodos sucesivos de igual duracin, hasta un mximo temporal de dieciocho meses, siempre que subsistan las causas que motivaron aquella. De esta forma se busca un equilibrio entre la necesidad de valerse de estas diligencias para la investigacin de los delitos ms graves para la sociedad y la importancia de definir unos lmites cronolgicos que no prolonguen de forma innecesaria la interferencia de los poderes pblicos en la privacidad de los ciudadanos afectados por la medida.



Con el fin de asegurar la autenticidad e integridad de los soportes puestos a disposicin del juez, se impone la utilizacin de un sistema de sellado o firma electrnica que garantice la informacin volcada desde el sistema central. Esta medida es paralela a la exigida en otros rdenes jurisdiccionales para la plena validez de los documentos aportados al proceso en formato electrnico y acoge una lnea jurisprudencial de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.



Se completa la regulacin con un precepto destinado a fijar los trminos del borrado y eliminacin de las grabaciones originales, una vez se ponga trmino al procedimiento. Se pretende con ello evitar toda difusin de un material que, por su propio contenido, podra daar de forma irreparable la intimidad del afectado.



En la investigacin de algunos hechos delictivos, la incorporacin al proceso de los datos electrnicos de trfico o asociados puede resultar de una importancia decisiva. La reforma acoge el criterio fijado por la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservacin de datos relativos a las comunicaciones electrnicas y a las redes pblicas de comunicaciones, e impone la exigencia de autorizacin judicial para su cesin a los agentes facultados, siempre que se trate de datos vinculados a procesos de comunicacin. Su incorporacin al proceso solo se autoriza cuando se trate de la investigacin de un delito que, por razones vinculadas al principio de proporcionalidad, sea de los que justifican el sacrificio de la inviolabilidad de las comunicaciones. Se da un tratamiento jurdico individualizado al acceso por agentes de polica al IMSI, IMEI, direccin IP y otros elementos de identificacin de una determinada tarjeta o terminal, en consonancia con una jurisprudencia del Tribunal Supremo ya consolidada sobre esta materia. Tambin se regula el supuesto de la cesin de datos desvinculados de los procesos de comunicacin concernientes a la titularidad o identificacin de un dispositivo electrnico, a los que podr acceder el Ministerio Fiscal o la Polica Judicial en el ejercicio de sus funciones sin necesidad de autorizacin judicial.



La experiencia demuestra que, en la investigacin de determinados delitos, la captacin y grabacin de comunicaciones orales abiertas mediante el empleo de dispositivos electrnicos puede resultar indispensable. Se trata de una materia hasta ahora ausente de la regulacin del proceso penal y cuyo alcance se aborda con sujecin a dos ideas clave. La primera, la exigencia de que sea el juez de instruccin el que legitime el acto de injerencia; la segunda, la necesidad de que los principios rectores de especialidad, excepcionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad acten como elementos de justificacin de la medida. Esta medida solo podr acordarse para encuentros concretos que vaya a mantener el investigado, debindose identificar con precisin el lugar o dependencias sometidos a vigilancia. Por tanto, no caben autorizaciones de captacin y grabacin de conversaciones orales de carcter general o indiscriminadas, y, en consecuencia, el dispositivo de escucha y, en su caso, las cmaras a l asociadas, debern desactivarse tan pronto finalice la conversacin cuya captacin fue permitida, como se desprende del artculo 588 quater c.



La reforma aborda tambin la regulacin de la utilizacin de dispositivos tcnicos de seguimiento y localizacin. La incidencia que en la intimidad de cualquier persona puede tener el conocimiento por los poderes pblicos de su ubicacin espacial, hace que la autorizacin para su prctica se atribuya al juez de instruccin. En el mismo captulo se habilita la grabacin de la imagen en espacio pblico sin necesidad de autorizacin judicial, en la medida en que no se produce afectacin a ninguno de los derechos fundamentales del artculo 18 de nuestro texto constitucional.



La ley pretende acabar con otro vaco normativo. Se trata del registro de dispositivos informticos de almacenamiento masivo y el registro remoto de equipos informticos. Respecto del primero de ellos, la reforma descarta cualquier duda acerca de que esos instrumentos de comunicacin y, en su caso, almacenamiento de informacin son algo ms que simples piezas de conviccin. De ah la exigente regulacin respecto del acceso a su contenido. Por lo que afecta al registro remoto diligencia ya presente en buena parte de las legislaciones europeas, el intenso grado de injerencia que implica su adopcin justifica que incluso se refuerce el mbito objetivo de la medida, para lo que se han acotado con un listado numerus clausus los delitos que la pueden habilitar, y a que se limite la duracin temporal, habindose optado por una duracin de un mes prorrogable como mximo por iguales periodos de tiempo hasta los tres meses.



Finalmente y por lo que se refiere a las diligencias de investigacin tecnolgica, la reforma contempla como medida de aseguramiento la orden de conservacin de datos, cuyo fin es garantizar la preservacin de los datos e informaciones concretas de toda clase que se encuentren almacenados en un sistema informtico hasta que se obtenga la autorizacin judicial correspondiente para su cesin. De este modo su posterior aportacin como medio de prueba o, en su caso, su anlisis forense no se ver frustrado por la desaparicin, alteracin o deterioro de unos elementos inherentemente voltiles. Esta norma toma como referencia el artculo 16 del Convenio sobre la Ciberdelincuencia, de 23 de noviembre de 2001, ratificado por Espaa el 20 de mayo de 2010, y se establece un plazo mximo de vigencia de la orden de noventa das prorrogable hasta que se autorice la cesin o se cumplan ciento ochenta das.



Resulta ocioso explicar la importancia del denominado agente encubierto a efectos de la persecucin de determinadas modalidades delictivas. Pues bien, ntimamente relacionado con las anteriores medidas de investigacin tecnolgica, la reforma actualiza el uso de tales recursos por el agente encubierto en las tareas que tiene encomendadas. En concreto, de una parte se prev la posibilidad de que los agentes encubiertos puedan obtener imgenes y grabar conversaciones, siempre que recaben especficamente una autorizacin judicial para ello; y de otra, se regula la figura del agente encubierto informtico, que requiere autorizacin judicial para actuar en canales cerrados de comunicacin (puesto que en los canales abiertos, por su propia naturaleza, no es necesaria) y que a su vez, requerir una autorizacin especial (sea en la misma resolucin judicial, con motivacin separada y suficiente, sea en otra distinta) para intercambiar o enviar archivos ilcitos por razn de su contenido en el curso de una investigacin.



V



La reforma tambin tiene por objeto adaptar el lenguaje de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a los tiempos actuales y, en particular, eliminar determinadas expresiones usadas de modo indiscriminado en la ley, sin ningn tipo de rigor conceptual, tales como imputado, con la que se alude a la persona sobre la que tan slo recaen meras sospechas y por ello resulta investigado, pero respecto de la cual no existen suficientes indicios para que se le atribuya judicial y formalmente la comisin de un hecho punible. A tal fin se convoc la Comisin para la Claridad del Lenguaje Jurdico, cuyas recomendaciones fueron tenidas en cuenta en la redaccin de los preceptos de esta ley. Entre sus conclusiones se encuentra la necesidad de evitar las connotaciones negativas y estigmatizadoras de esa expresin, acomodando el lenguaje a la realidad de lo que acontece en cada una de las fases del proceso penal, razones que han de llevarnos a la sustitucin del vocablo imputado por otros ms adecuados, como son investigado y encausado, segn la fase procesal. La reforma ha hecho suyas esas conclusiones. Y as, el primero de esos trminos servir para identificar a la persona sometida a investigacin por su relacin con un delito; mientras que con el trmino encausado se designar, de manera general, a aqul a quien la autoridad judicial, una vez concluida la instruccin de la causa, imputa formalmente el haber participado en la comisin de un hecho delictivo concreto. Sin perjuicio de que a lo largo de esta ley se ha procedido ya de acuerdo con semejante ajuste conceptual y terminolgico, en el apartado veinte se efecta la oportuna sustitucin de los trminos mencionados respecto del resto del articulado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En todo caso, esta sustitucin no afecta a otras nomenclaturas empleadas para definir al investigado o encausado por su relacin con la situacin procesal en que se encuentra. As, se mantienen los trminos acusado o procesado, que podrn ser empleados de forma indistinta al de encausado en las fases oportunas.



VI



Las normas previstas en esta ley sern aplicables a todos los procedimientos penales que se incoen con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante y a fin de que las garantas previstas, relativas al estatuto del investigado y detenido y medidas de investigacin tecnolgica, sean inmediatamente operativas en los procedimientos en curso, se dispone que tales garantas presidan tambin las diligencias policiales y fiscales, resoluciones y actuaciones judiciales que se acuerden tras su entrada en vigor. Ello en modo alguno supondr que se pueda cuestionar la validez de las resoluciones adoptadas o actuaciones practicadas con anterioridad y conforme a la legalidad entonces vigente.

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